Según arbitraje internacional iniciado en 2017, la Justicia francesa falló a favor de Uruguay
en caso vinculado al proyecto minero Aratirí, por el cual le reclamaban a Uruguay una
indemnización de U$S 3.536.000.000 por el fracaso de la iniciativa de explotación de hierro
en una localidad ubicada entre los departamentos de Treinta y Tres y Florida.
Esta decisión fue tomada luego de que en 2023, el Estado uruguayo recurriera ante la Corte
de Casación de Francia, para solicitar que se revocara la anulación del fallo que disponía
hacer lugar a las objeciones planteadas por Uruguay, desestimando el reclamo y condenando
a los actores a abonar U$S 4.000.000.
E reclamo inicial se basaba en que Uruguay habría incumplido las “obligaciones de trato
justo y equitativo de las inversiones protegidas en su territorio”, establecidas en el convenio
entre dicho país y Reino Unido sobre promoción y protección de las inversiones de capital,
vigente desde agosto de 1997.
La condena de compone de costas y costos, lo cual refiere a la mala fe o mal comportamiento
procesal de los actores, al igual que una sanción de 300.000 euros por haber iniciado el
proceso de anulación.
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