Fue firmado un compromiso de política de Estado por seis candidatos presidenciales, el cual tuvo lugar debido a investigaciones y aportes de técnicos interpartidarios especializados en la materia. Se expresó que si bien todos los partidos se han interesado en el asunto y que los que han sido gobierno han introducido mejoras y avances significativos en actualización normativa, nunca se ha tomado como política de Estado, pudiendo de esta manera abarcar el tema de manera más uniforme y global, teniendo un objetivo en común y no cada uno haciendo lo que individualmente le parece mejor. Lo cual resulta muy importante para planes a largo plazo y de mayor envergadura que puedan garantizar el pleno ejercicio de los derechos de personas con discapacidad, así como también de sus familiares ya que si consiguen una vida más independiente, la independencia se transmite también a su entorno.

El fin es que la oposición del partido que sea, controle el cumplimiento de dicho compromiso por parte del gobernante de turno.

Según censo publicado de fecha 2011, el 15,8% de la población uruguaya “presenta algún tipo de limitación funcional asociada a una situación de discapacidad”, por lo que no resulta un porcentaje bajo. Todas las personas deben tener garantizados sus derechos de la mejor manera, siendo muy importante como país que la preocupación sea inherente al mismo y no a cada partido político, en definitiva se supone que cada partido político busca llegar al gobierno para asegurar el mayor bienestar de su población, por lo que es de evidente y de suma importancia que se trabaje en conjunto para lograr los fines. 

En relación al compromiso en sí, refiere a educación inclusiva, salud y rehabilitación e inclusión laboral.

Se entiende necesario “otorgar una mayor jerarquía institucional a las políticas públicas de discapacidad, quitándose de la órbita ministerial”, y que pase a ser de carácter nacional, tal como ocurre en otros países, así como el trabajo en conjunto con gobiernos departamentales. Sabido es que cuanto más aportes y puntos de vista distintos ya sea ideológicos o profesionales, mejores y más ricos resultados se alcanzan. Muchas veces los partidos políticos parece que se encaprichan y como la propuesta fue de otro partido, no se apoya, todo lo cual debería dejarse de lado en pos del bienestar de la población toda.

Se solicita en el mencionado compromiso la fiscalización del cumplimiento de la Ley N^o 19.691, relativa a la promoción del trabajo para personas con discapacidad ya que muchas veces existen los cuerpos normativos pero al no controlarse se dejan de aplicar o se aplican a medias.

Un aspecto destacable es que se propone implementar “de manera urgente” un plan aplicable a personas con discapacidad que no tengan los suficientes recursos para refaccionar sus hogares para que puedan ser accesibles para ellos.