Surgió un planteo a raíz de un caso de endeudamiento en el cual la deuda inicial era de apenas $ 600. Habían quedado pendientes al realizar el trámite para dar de baja el negocio, pero que con el transcurso del tiempo, intereses y recargos acumulados, creció de manera desmedida hasta convertirse en una suma millonaria, impidiendo que un mecánico pudiera tramitar su retiro jubilatorio. Ante esta situación, se arremetió duramente contra el Banco de Previsión Social (BPS), catalogando su administración como «medieval».
Paralelamente, se presentó una propuesta legislativa promovida por el Poder Ejecutivo, con el fin de fijar un esquema especial de facilidades de pago para micro y pequeñas empresas. El mismo ha recibido severos cuestionamientos por parte de la representación empresarial, principalmente en lo relativo a sus mecanismos de ejecución.
El Poder Legislativo ratificó este nuevo marco de facilidades con el objetivo de que alrededor de 37.000 firmas deudoras puedan ponerse al día con los montos pendientes acumulados a partir de 1996. De esa cifra total, aproximadamente 4.200 negocios permanecen operativos actualmente, de acuerdo con las declaraciones brindadas por BPS. Se prevé que la normativa entre en vigencia en el mes de setiembre, no obstante, el director que representa al sector empresarial en el organismo, expresó su disconformidad con las pautas estipuladas.
Se advirtió que el empleo de la Unidad Reajustable (UR) como parámetro de actualización financiera termina sentenciando a los comerciantes a saldar cifras prácticamente inasumibles.
Con el transcurso del tiempo, los recargos e intereses acumulados multiplicaron exponencialmente el monto inicial hasta convertirlo en una deuda desproporcionada que resultó imposible de saldar, bloqueando de manera definitiva la posibilidad de que el trabajador accediera a su jubilación.
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