Hace pocos días se procedió a efectivizar el desalojo de 31 familias, inclusive 15 menores, en su mayoría inmigrantes de origen centroamericano que vivían en un edificio ocupado en Ciudad Vieja.
Desde la dirección de Protección Social para Personas Migrantes del Mides, se cuestionó el procedimiento y afirmó que hubo una vulneración de derechos. Explicó que las familias no pudieron presentar recursos por falta de información y garantías, lo que permitió que el proceso siguiera adelante. Además, señaló que el ministerio venía trabajando junto a ellas para buscar una solución habitacional y que incluso se había solicitado postergar el desalojo.
Se criticó la falta de coordinación del Poder Judicial con los organismos involucrados y sostuvo que el desalojo se realizó pese a la presencia de menores de edad y mujeres embarazadas, además de las bajas temperaturas. Recordó que las normas internacionales recomiendan evitar este tipo de procedimientos en esas condiciones. Cabe destacar que una recomendación no es una obligación, si no se pudieran desalojar menores de edad entonces la solución sería esperar a que alcancen la mayoría de edad? Por supuesto que nadie puede pretender que esto sea un argumento para no poder efectivizar un lanzamiento.
Finalmente, anunció que el Mides solicitará una reunión con el Poder Judicial para impulsar un protocolo nacional de desalojos que contemple la protección de los derechos humanos y de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Esta última solución parece ser la más acorde ya que las observaciones por parte del Mides no se apegan tanto a las normas, son entendibles los argumentos de este estilo pero tampoco pueden dejarse de aplicar las normas. El hecho de desconocer la normativa por ser extranjeros no es un argumento de recibo, más allá de que el Código Civil es claro disponiendo que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, se trata de personas hispanohablantes y en un país donde existe el acceso gratuito a la justicia. Pero además entraríamos en un debate que no puede proceder ya que hay una gran cantidad de uruguayos que tampoco conocen la normativa y algunos no han tenido la educación como para comprenderla. Pero tal situación no puede obstar a una persona a no poder ejercer el derecho a recuperar su inmueble que además no ha tenido ningún tipo de mantenimiento por quienes fueron desalojados. Asimismo se ha manifestado que en dicho inmueble había una boca de drogas, por lo que si no se procedía al lanzamiento se podía continuar libremente con tal ilícito.
Por otra parte, hace ya años que no se están otorgando reiteradas prórrogas al lanzamiento ya que dificultaba lograr recuperar la posesión del inmueble, por tanto el procedimiento del Poder Judicial no distó del normal y del que las normas establecen. Las normas internacionales no pueden invocarse indefinidamente, existe un límite en el cual al ganar tiempo en no proceder el efectivo desalojo, deberían ir consiguiendo una nueva vivienda.
El proceso de desalojo lleva varias etapas hasta llegar al lanzamiento y la fecha de esto último es conocida por las personas que ocupan los inmuebles, dando tiempo suficiente para poder intentar solucionar el problema habitacional.
Por tanto, debido a los distintos puntos de abordaje es interesante y puede llegar a buen puerto el desarrollo de protocolo de desalojos, sobre todo para que las personas desalojadas tengan donde recurrir si no consiguieron solución habitacional.
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