El nuevo Código de Procedimiento Penal de dicho país establece que solo será castigado por agredir físicamente a su esposa quien usando violencia le provoque fractura, herida abierta o hematoma visible. Sorprendentemente la pena máxima prevista es de apenas 15 días de prisión, por lo que resulta ínfima, no cumpliendo en absoluto la función coercitiva que debe tener el derecho penal, no impidiendo la reincidencia.
La nueva normativa elimina en la práctica la poca protección legal que tenían frente a gran parte de la violencia doméstica y normaliza que las agresiones físicas dentro del matrimonio queden impunes. Recordemos que suelen usar vestimentas que ocultan casi todo o todo su cuerpo por lo que los hematomas visibles serían muy difíciles de verse.
Ninguna ley debería establecer cuánto dolor es «aceptable», cuanta violencia puede utilizarse, simplemente debería prohibir la violencia como sucede en la mayoría de los países.
Este cambio convierte la violencia contra las mujeres en una cuestión tolerada por el propio Estado y hasta establece cuanto dolor pueden soportar. En un país donde denunciar ya supone un enorme riesgo y es casi imposible que les crean, donde la independencia judicial es prácticamente inexistente, demostrar una agresión resulta extremadamente complicado.
Luego de 2021, se ha agravado la situación de las mujeres afganas, donde han sido apartadas progresivamente de la educación, del empleo, de la vida pública y de espacios sociales.
Nos encontramos frente a un régimen que obliga a las niñas de incluso 12 años a casarse, donde no pueden salir sin el permiso de sus maridos y que castigarlas entre más de un hombre es común y la ley no las protege.
Es una situación completamente preocupante, mientras el mundo avanza hacia la protección de derechos, se permite que algunos países retrocedan de este modo nada humano.
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