Ministerio de Justicia

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Ministerio de Justicia

Hace más de un año que se trata este asunto y genera diversas controversias así como preocupaciones. Sin embargo, si bien por bastante tiempo estuvo en estudio, actualmente el Poder Ejecutivo junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto han ajustando los detalles finales del proyecto de ley para posteriormente ser tratado por Parlamento.

Se trataría de una reforma institucional muy relevante y polémica ya que tiende a centralizar competencias operativas y administrativas del sistema penitenciario y de derechos humanos, con el fin de optimizar la gestión del Estado.
No es como crear cualquier otro Ministerio, se pueden ver afectadas ciertas competencias de otros organismos, y la independencia del Poder Judicial. Si bien en otros países como Estados Unidos, algunos de América Latina y otros de Europa ya existe y aparentemente ha generado buenos efectos, hasta no tener el documento con la propuesta no se puede emitir una opinión exacta ya que falta material. Se debe ver que competencias se le otorgarían principalmente, lo cual se puede ir puliendo hasta llegar a un consenso. Muchas veces el modelo puede funcionar en otros países, pero nuestro país tiene una idiosincrasia de independencia total de poderes y deja por fuera la politización en el Poder Judicial, así como afortunadamente tiene niveles casi inexistentes de corrupción, lo cual no es lo normal en el resto del mundo. Por lo cual es algo que preocupa mucho, dado que este cambio podría modificar un poco la realidad mencionada, y quitarle competencias a nada más que la Suprema Corte de Justicia, sobre quien no debería existir injerencia de otro poder.
Asimismo existe una particularidad en la realidad actual que es criticada por quienes se oponen a esta creación, y afirman que ex Fiscal de Corte podría estar intentando usar dicha estructura con fines partidarios o de gestión, lo cual les resulta cuestionable.

Particularmente dicho Ministerio absorbería a organismos que hoy dependen del Ministerio del Interior, como por ejemplo el Instituto Nacional de Rehabilitación, e incorporaría la Fiscalía General de la Nación, siendo un servicio descentralizado, y las Defensorías Públicas, cuyo sindicato reclama desde hace años abandonar su dependencia del Poder Judicial, aunque dependería de otro poder.

Entre otros argumentos en contra, se encuentran que implicaría un incremento innecesario en la estructura y el gasto burocrático del Estado.

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