Hay una gran preocupación en España, lo cual puede replicarse en otros países,
debido a decretos aprobados por el Gobierno en materia de vivienda, sin
precedente, donde por favorecer y proteger a las familias vulnerables, facilitando su
acceso a la vivienda, descuidan a los propietarios, y los más perjudicados son los
pequeños titulares. Las nuevas normas no distinguen suficientemente entre los
grandes tenedores o fondos de inversión y los ciudadanos que poseen una o dos
viviendas, los cuales dependen de dicho ingreso ya que es su medio de vida.
Explican además que muchas de estas propiedades fueron adquiridas con años de
ahorro, mediante una herencia o como una forma de inversión personal, y que
pueden incluso existir circunstancias familiares que hagan necesario recuperar la
vivienda, como un traslado, una separación o el crecimiento de la familia.
Entre las medidas aprobadas se encuentran la ampliación de la protección frente a
los desalojos, lo cual viene hace años empeorando, resulta muy difícil lograr
recuperar la propiedad. La normativa aplica más control de los alquileres temporales
y por habitaciones, otorga incentivos fiscales para precios de alquiler asequible, y la
posibilidad de establecer prórrogas extraordinarias de determinados contratos de
alquiler. Esta última medida genera especial preocupación entre los propietarios, ya
que los inquilinos podrían solicitar continuar en la vivienda durante un periodo
adicional aunque el contrato haya terminado. En nuestro país afortunadamente se
ha legislado y aplicado el derecho de forma restrictiva, no otorgando más de dos
prórrogas en la mayoría de los casos, ya que se trataba de meras dilatorias sin
fundamentos. Asimismo la LUC pretendió minimizar el proceso de desalojo, siempre
y cuando no se opongan excepciones ya que en tal caso el proceso es idéntico al
que ya existía. Pero por lo menos el legislador ha tenido la intención de proteger al
propietario de algún modo.
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