Se creó por Ley 20.496 una nueva edición con alcance nacional, destinada a promover la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Podrán participar 5.500 personas de entre 18 y 65 años que no perciban salarios, jubilaciones, pensiones, subsidios u otras prestaciones personales. Quienes incumplan estos requisitos serán excluidos del programa o cesarán automáticamente su participación.
La iniciativa establece cupos específicos para distintos colectivos vulnerables según normativa: 8% para personas afrodescendientes, 4% para personas con discapacidad, 1% para personas trans y 1% para mujeres víctimas de violencia basada en género. Además, se priorizará a quienes tengan hijos menores de 18 años, procurando que al menos el 60% de los cupos les sean asignados. También se reservan cupos para personas liberadas del sistema penitenciario y para quienes hayan sido atendidos por servicios de atención a personas en situación de calle. Estos cupos constituyen acciones afirmativas de carácter temporal, orientadas a promover la igualdad sustantiva de oportunidades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° de la Constitución de la República.
El programa combina un componente laboral y otro formativo. Las tareas laborales serán definidas por los gobiernos departamentales, mientras que la capacitación estará a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). Esta etapa con el objetivo de mejorar las habilidades y capacidades de las personas para lograr una inserción laboral en condiciones de trabajo decente una vez finalizado el programa. Los participantes no tendrán la calidad de trabajadores dependientes, por lo que no se les aplicará la legislación laboral y previsional común, salvo las disposiciones específicas previstas en la ley.
La duración prevista es de cuatro meses durante 2026, con jornadas de seis horas diarias de lunes a viernes. En el caso de madres con hijos de hasta tres años, la jornada será de cuatro horas manteniendo la misma prestación. El 80% del tiempo se destinará a actividades laborales y el 20% a capacitación. Existen posibilidades de extensión tanto con autorización de los organismos competentes como por decisión y financiamiento de los gobiernos departamentales.
La gestión del programa estará a cargo de una comisión integrada por representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Congreso de Intendentes. La selección de participantes se realizará mediante un sorteo unificado entre quienes cumplan los requisitos establecidos, previa inscripción a través de una plataforma web.
Los beneficiarios recibirán una prestación mensual máxima equivalente a tres Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), que no tendrá carácter salarial. Sin embargo, el tiempo de participación será computado por el Banco de Previsión Social a efectos jubilatorios y habilitará determinadas coberturas de seguridad social. El financiamiento del programa se realizará mediante fondos públicos y aportes de los gobiernos departamentales, con una asignación máxima de 363 millones de pesos para cubrir gran parte de los costos de esta segunda edición.
Asimismo los participantes tendrán derecho a la asistencia médica gratuita a través de los servicios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en todo el país, en las condiciones que les correspondan conforme a las normas que resulten aplicables. El cese de la participación en el Programa se producirá por vencimiento del plazo, incumplimiento de las tareas asignadas, por la mera voluntad del beneficiario sin expresión de causa alguna o por incompatibilidad superviniente de los requisitos mencionados.
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