Se presentó proyecto de ley con el fin de modificar la legislación actual relativa a inclusión de personas con discapacidad en el empleo público. Propone asegurar la equitativa distribución del 4% de las contrataciones obligatorias en función de la diversidad de discapacidades presentes en la población uruguaya.

Propone que dichas proporciones serían revisadas cada cinco años, siendo el Ministerio de Trabajo, el Mides y la Oficina Nacional de Servicio Civil, quienes implementarán controles regulares, y fiscalizarán el incumplmiento.

Proyecta que las entidades públicas efectuarían convocatorias inclusivas y accesibles, asegurando los procesos de selección sean equitativos en base a los distintos tipos de discapacidad.

Este proyecto se creó en base a que se ha advertido que se suele contratar más personas con discapacidades motores que con psicosociales o sensoriales, por lo que busca reafirmar el compromiso de este país con la igualdad de oportunidades y la inclusión social, garantizando el pleno derecho al trabajo,