La iniciativa plantea que el Sistema Nacional de Bioseguridad pueda abordar microorganismos y animales genéticamente modificados, hasta ahora solo trataba vegetales y también modifica la Ley de Ordenamiento Territorial.
El proyecto de ley tiene como finalidad aumentar la productividad, fomentar el crecimiento económico y atraer inversiones mediante la reducción de trámites, la mejora de la regulación y la aceleración de los procedimientos administrativos relacionados con las actividades económicas.
Uno de los principales cambios es la incorporación del silencio administrativo. Esto significa que, si la administración pública no responde dentro del plazo establecido, podrá aplicarse un silencio positivo o negativo, según lo determine la reglamentación. En el caso del silencio positivo, la solicitud se considerará aprobada automáticamente, mientras que el silencio negativo implicará su rechazo, permitiendo al interesado presentar los recursos correspondientes. El gobierno sostiene que este mecanismo solo se aplicará a procedimientos de bajo riesgo, aunque aún no se han definido cuáles serán, lo que genera incertidumbre.
El proyecto también introduce modificaciones en materia ambiental y de bioseguridad. En el Sistema Nacional de Bioseguridad, se permitirá que empresas extranjeras presenten solicitudes sin necesidad de contar inicialmente con una representación legal en Uruguay, requisito que solo será obligatorio antes de obtener una autorización comercial. Además, el sistema pasará a evaluar no solo vegetales genéticamente modificados, sino también microorganismos y animales modificados genéticamente.
Se han cuestionado estos cambios y se considera que son temas de gran importancia para el ambiente y la salud pública, por lo que deberían debatirse de forma más amplia. También se advirtió que aún no existe una regulación integral sobre bioseguridad y que los riesgos asociados a la liberación de microorganismos modificados genéticamente todavía no están suficientemente estudiados.
En cuanto a las autorizaciones ambientales, el proyecto modifica la Ley de Ordenamiento Territorial para simplificar los requisitos previos a la aprobación de determinados proyectos. Según especialistas, esto reduce la influencia de los instrumentos de ordenamiento territorial y facilita que algunas inversiones avancen directamente hacia la evaluación de impacto ambiental.
Expertos sostienen que estas modificaciones flexibilizan los controles ambientales con el objetivo de acelerar inversiones. Si bien reconocen la importancia del desarrollo económico, advierten que disminuir las exigencias ambientales puede poner en riesgo la conservación de los recursos naturales y comprometer el desarrollo sostenible a largo plazo. El interés público y la protección de los ecosistemas deben prevalecer sobre los beneficios económicos inmediatos.
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