Esta resolución judicial surge a raíz de un femicidio que sucedió en agosto de 2022 luego de que la víctima denunciara 8 veces las amenazas que recibía. Pese a esto no se le dispuso el uso de tobillera electrónica ni se hizo seguimiento del caso, había declarado en un Juzgado de Familia las agresiones y amenazas que sufría.
. Incluso no se le tomó la denuncia cuando llamó a la policía para avisar que estaba en su techo, sino que le manifestaron que debía concurrir físicamente para hacer la denuncia, cuando estaba intentando ir, sucedió el delito mediante arma de fuego frente a sus hijas de 6 y 11 años, suicidándose él luego.
Por tanto se resolvió indemnizar a la familia de la víctima, fundándose en 22 fallas en las actuaciones policiales, fiscales y judiciales que, en conjunto, no pudieron evitar el crimen, siendo que debían proteger a la víctima.
Se prevé apelar para intentar mejorar los montos de la indemnización, aunque para la familia es satisfactorio que la Justicia haya reconocido los errores denunciados ya que sienta precedente, para revisar los procedimientos estatales y evitar que se repitan situaciones similares. No se aplicaron sanciones individuales a las personas involucradas en las actuaciones cuestionadas.
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