En el año 2007 se suscribió en Nueva York la mencionada Convención, la cual al año siguiente fue incorporada por Ley N° 18.418 a nuestro orden jurídico. En agosto de este año por Ley N° 20.326 se estableció que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, cometa las funciones del mecanismo de vigilancia y monitoreo de dicha convención.

Con la aprobación de esta ley Uruguay cumple lo acordado en dicha convención, la cual permitirá arrojar información sobre la población en situación de discapacidad, analizar las políticas públicas sobre dicho tema y lograr así la normativa necesaria para poder garantizar sus derechos en goce y ejercicio que históricamente han sido vulnerados.