La pretensión de grupos ambientalistas es buscar que quede sin efecto el contrato de la obra que tiene por finalidad abastecer agua potable. El proyecto prevé la construcción de una toma de agua en el Río de la Plata y de una planta potabilizadora, una estación de bombeo y la tubería.

Si bien hay acuerdo de todos los partidos políticos en que es necesario encontrar una solución para mejorar el abastecimiento, las diferencias de los partidos apuntan a prioridades distintas.

El gobierno anterior, como resolución a esto y al período en el que habá agua salada, encontró como recurso este proyecto.

Si bien ya han presentado demanda contra esta situación, se expresa que es distinta en la actualidad, debido a que las condiciones han cambiad, “Ya no se discute un contrato proyectado, sino que impugna un contrato consumado», por dicha razón es que cambia la pretensión como tal, buscando el mismo fin que ya se intentó lograr.

Los accionantes se basan en que está en riesgo el “pacto democrático que consagra el agua como bien común, y su gestión como una obligación indelegable del Estado”, y que es “una contravención directa a los lineamientos de lo legislado en materia ambiental”.

No solo se fundan en las irregularidades del proyecto en sí, sino en su origen como contrato,
expresando que es nulo por violar normas constitucionales, ya que según los demandantes se estarían privatizando “funciones esenciales del servicio de abastecimiento de agua potable”.

El gobierno actual está intentando rever los términos del contrato, suspendiéndolo con tal fin por 90 días.