Se aprobó la Ley N^o 20.272 con un artículo único que deroga la Ley N^o 19.654, la cual aprobaba disposiciones interpretativas de los arts. 77 Y 81 de la Constitución de la República, relativos a derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía.

Por dicha ley se entendía, por vía interpretativa que el hecho de residir fuera del país no obstaba al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía, creando una Comisión Honoraria integrada por diversas instituciones, entre ellas cada partido político con representación parlamentaria designando un representante, con el cometido de elaborar un proyecto e informe normativo donde se analizaran las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, sin necesidad de regresar al Uruguay, el cual sería remitido al Poder Legislativo para su consideración.

Se estipuló que dicha Comisión tendría un plazo máximo de 120 días desde su constitución para efectuar su tarea, habiendo sido promulgada en el 2018, por lo que dicho plazo estipulado ya se cumplió, sin haber resuelto la situación a favor del voto consular o epistolar.

En la exposición de motivos de dicha ley, se expresaba que se encontraba fundada en la cantidad de uruguayos (500.000) que viven en el exterior y no tienen la posibilidad de hacer efectivo el voto allí, entendiendo que el derecho a la ciudadanía de estas personas no podía ser ejercido en su totalidad, volviéndose entonces un derecho meramente declarativo, formal. 

Comprendiendo entonces que no existe ninguna prohibición constitucional, ni ninguna norma que limite la emisión del voto por una persona que se encuentra en el extranjero.

Sin embargo la actual interpretación volvió a ser igual que la anterior a la ley N^o 19.654, impidiendo el ejercicio de tal derecho para quien no se encuentre en el país.