Se pretende revisar proyectos de ley que no prosperaron en el período pasado. Expresando el gobierno en el marco del día de la mujer, que quiere dar un «mensaje claro” sobre “los derechos humanos” y “la autonomía económica de las mujeres”.

Concretamente, se desarchivaron tres proyectos a nivel de cámara alta, siendo enviados a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género.

Uno de los proyectos, presentado en el 2020, planteaba la imprescriptibilidad de los delitos sexuales previstos en el Código Penal, es decir violación, abuso sexual, atentado violento al pudor a modo de ejemplo, en caso de que la víctima fuera sido una niña, niño o adolescente. Es decir que se podría denunciar en cualquier, aunque hayan pasado años. Hoy en día para estos delitos aplica el artículo 117 del Código Penal, estableciendo las prescripciones para cada delito en función de su pena. Este proyecto se basa en la impunidad que puede generar la prescripción, ya que es común que estos delitos se denuncian pasado mucho tiempo, a veces recién cuando la víctima «logra autonomía y puede transitar los procesos psicológicos internos imprescindibles para su acceso a la justicia”. Cabe destacar que es un asunto que en ocasiones hace sentir culpable a la propia víctima, donde el entorno y autoridades a veces no saben lidiar con la situación, lo que genera una situación hostil para la víctima, tardando su denuncia. Esto pone sobre la mesa lo difícil que es encontrar pruebas pasado un largo período de tiempo, lo cual puede ser en detrimento para la víctima pero también para los acusados, quienes puede que se les dificulte defenderse en caso de ser inocentes, o de no haber ocurrido exactamente como se denunció el hecho. Esto último preocupa por las eventuales falsas denuncias que han existido, que obviamente no es la regla, incluso si ponemos en la balanza cuántas falsas denuncias existen y cuántas víctimas que han callado, es obvio que se inclina hacia el segundo presupuesto. Por lo
que todo lo que sea proteccionista para las vícitimas, sin desconocer los derechos y el debido proceso del acusado o indagado, sería bueno que se analizara en el parlamento.

Otro de los proyectos desarchivados es el que pretende aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, pasando de 16 a 18 años. El fundamento es que el matrimonio infantil y las uniones tempranas de menores de edad «comprometen el ejercicio pleno de los derechos de las niñas y adolescentes”. Esto en caso de contraer matrimonio con alguien mucho mayor, ya que si se trata de dos personas de franjas etáreas cercanas, en todo caso comprometen el dereho de ambos. Este país ha sido observado por más de una decena de organizaciones internacionales por este motivo. Siendo analizado en la pasada legislatura, considerando que se limita el derecho a contraer matrimonio en aquellos casos en los que ya existe una familia de hecho. La realidad es que resulta raro que hoy en día se quieran casar libremente jóvenes de 16 años, sin embargo por otro lado, puede dar lugar a situaciones confusas y complejas. La realidad es que si se sube a 18 años el mínimo de edad, lo peor que puede pasar es que tengan que esperar dos años para poder contraer matrimonio, ya que hoy en día se han equiparado muchos derechos, por ejemplo no exsiten diferencias entre hijo natural y legítimo.

Por último, se plantea revisar un proyecto presentado en 2023, que fue aprobado en la cámara baja, que propone que todo empleador, ya sea público o privado, que alcance una plantilla de más de 50 trabajadores, deberá informar al Instituto Nacional de las Mujeres cada seis meses, el promedio salarial de todos sus empleados sean del género que sean. A los efectos de informar al instituto sobre la brecha salarial de género, según rama de actividad, publicando los resultados en su página web. Esto parece de gran utilidad, para seguir más de cerca estos conceptos y poder ver su evolución y que la poblacion
sepa qué tan grande es esa brecha.

Asimismo, por parte del gobierno se aseguró que se presentarán varios proyectos con perspectiva de género y se exhortó al cumplimiento efectivo de la Ley N°19.580, sobre Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, así como a brindarle los recursos necesarios para que pueda ser cumplida como establece.

Por su parte, la actual oposición pretende discutir el poyecto de modificación de la Ley mencionada, el cual aportaba significativas mejoras a su aplicación práctica, ajustando las desigualdades a la hora de la aplicación del debido proceso, equidad de elementos probatorios, y penando las denuncias falsas, así como ocurre en el caso de pretender falsear cualquier delito.

Por lo que tanto oposición como gobierno, claramente buscan cumplir el fundameto de la mencionada ley, pero difieren un poco los modos, mientras el gobierno exhortó al cumplimiento de la misma sin hacer referencia a modificaciones, la oposición pretende mantenerla, y sin dudas cumplirla, pero con cambios que se han advertido en la práctica y mejorarían la jusiticia.