Se presentó proyecto de ley con el fin de agregar un programa específico a la Ley de Promoción del Empleo, N^o 19.973 dirigido específicamente a las personas que han sido liberadas luego de haber estado privadas de libertad. Pretendiendo otorgar un subsidio específico para aquellos empleadores que contraten a las mencionadas personas, de hasta el 80% de la retribución mensual del trabajador. Asimismo dicho subsidio no podrá exceder el 80% por ciento de dos Salarios Mínimos Nacionales. El plazo de dicho subsidio será de hasta 12 meses. Dicha ley promociona actualmente el empleo de jóvenes entre 15 y 29 años, mayores de 45 y personas con discapacidad, por lo cual ahora se pretende agregar este sector, a medida que se van contemplando diversos problemas sociales, se los busca abordar, inclusive este es una situación de gran interés que atañe a la seguridad pública.

El referido proyecto fue redactado en base a que se entiende que la combinación de la política económica con políticas sectoriales procura que la mayor parte de la población económicamente activa encuentre un lugar en el mercado de trabajo, en respuesta a las vulnerabilidades estructurales que presentan las personas que han estado privadas de libertad. Según la exposición de motivos, actualmente hay más de 15.000 personas privadas de libertad, las cuales presentan un nivel de reincidencia importante.

La reinserción laboral de personas que han estado privadas de libertad siempre constituyó un desafío crítico ya que como se explica en la exposición de motivos, deben enfrentar una serie de barreras estructurales y sociales tales como estigma, discriminación, falta de hábitos de trabajo, de formación y experiencia, que dificultan la reincorporación efectiva y sostenible al mercado de empleo y a la vida en sociedad. Por ejemplo en nuestro país, más de la mitad de las personas privadas de libertad es analfabeta.

Por lo que resulta sumamente difícil que puedan reincorporarse en la vida laboral, no solo por factores externos, sino también internos, a los que se les suma que suelen tener pocos vínculos sociales, lo que limita sus oportunidades de encontrar trabajo a través de recomendaciones o referencias. Todo lo cual lleva a no poder conseguir medios de vida, y muchas veces reincidiendo, es un bucle de nunca acabar, el cual se retroalimenta. Por lo que este incentivo puede ser tentador para los empleadores, pudiendo aceptar la voluntad de la persona ex privada de libertad, para que pueda tomar nuevamente o por primera vez el hábito de trabajar, no reincidiendo, por su bien propio y el de la sociedad toda. Evidentemente no es una tarea sencilla, pero es un camino que debe abordarse con más profundidad de lo que se ha hecho. 

Existen cárceles, como la de Punta de Rieles que imparte cursos, incluso de nivel terciario y permite aprender oficios, incluso vender sus productos mientras se encuentran privados de libertad, inculcando un hábito de trabajo, pero si al salir no consiguen donde desarrollarlo, ha sido casi en vano, por eso resulta muy importante el abordaje más completo, para que pueda llevarse a cabo el fin pretendido.