En febrero Fiscalía archivó el caso de las «fotomultas», en mérito a no encontrar elementos de convicción suficientes para efectuar formalizaciones, en la causa se investigan miles de infracciones en las que podría la Intendencia o la empresa encargada de los radares, haber cometido delito en cuanto a la forma de adquisición de las cámaras.

Actualmente se reabrió la causa por surgir nuevos elementos de prueba.

El centro de la controversia ha sido que según los reclamantes, las cámaras que detectaron las multas no habrían ingresado al país de forma legal, incumpliendo en consecuencia con los requisitos necesarios. Todo lo cual generó gran polémica, y hasta movilizaciones de la población, no solo por lo antedicho sino también porque mientras estuvieron en funcionamiento hasta antes de su suspensión, se aplicaron 29.000 multas en Fray Bentos, en un período de menos de 3 meses. Teniendo en cuenta que se trata de una ciudad con una población 26.000 habitantes, es evidente el número desproporcionado. Asimismo se anuló un número alto de multas.

Cabe destacar que el 35% de lo recaudado por concepto de multas lo percibía la empresa encargada de los radares, la cual además es extranjera.

Al haberse archivado la causa a nivel penal, se sostuvo que en relación a las multas cobradas en forma irregular se debe seguir el trámite correspondiente para su reclamo, es decir la vía administrativa.

Sin lugar a duda el número de multas aplicadas es un fenómeno a analizar, máxime que los ingresos que percibía la empresa era un porcentaje no menor, y que además muchas de las multas ya fueron anuladas, reconociendo entonces irregularidad al aplicarlas. Por otro lado, de ser cierto su ingreso ilegal al país, se debería examinar la procedencia legal de las multas por provenir de un medio ilegal, lo cual sería gravísimo, teniendo en cuenta que se trata de una intendencia, es decir, de un organismo del Estado.