Esta iniciativa de reforma constitucional propone modificar el art. 52 de la Constitución que prohíbe la usura, que hoy en día establece que es de orden público que la ley fije el límite máximo al interés de los préstamos; cambiando préstamos por obligaciones, es decir, incluyendo también multas y recargos por atrasos aplicados a tarifas y servicios públicos y privados.

Propone que dicha ley deberá ser aprobada por mayoría especial de 2/3 del total de componentes de ambas cámaras.

Expone también que mientras no se apruebe la ley referida, la tasa de interés máximo se fijará en 30 %, en UI.

Esta iniciativa va de la mano con lo propuesto para la rendición de cuentas pasada, lo cual no formó parte de la misma, que pretendía que quienes se encontraban en el Clearing pudieran igualmente acceder a ciertos servicios que hoy en día no pueden.