Se aprobó por unanimidad, por parte de la Cámara alta, el proyecto de Ley sobre el CASMU, constando de cuatro artículos, los que versan sobre los interventores y el fondo de garantía, permanecen en el proyecto del mismo modo en que lo remitió el Poder Ejecutivo, pero los referidos al concurso y a la liquidación de las mutualistas, fueron modificados.

El proyecto pretende ampliar el tiempo de la intervención por un año más, con el fin de arribar a una solución definitiva, y establece que “las instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, no podrán ser objeto de solicitud ni de declaración judicial de concurso ni de liquidación mientras se encuentren intervenidas por el Ministerio de Salud Pública”. En virtud de esto uno de los legisladores apuntó a que esto «opera como un cheque en blanco porque no está referido solo al Casmu sino que a todo el sistema mutual”, por lo que otorga “amplísimas facultades a los interventores, durante dos años, sobre cualquier institución de asistencia médica colectiva”.

También de aprobarse el proyecto se derogaría el art. 4 de la Ley 18.439, relativa a la creación del Fondo de Garantía para la reestructuración de pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva. Dicho artículo establece que las instituciones que se encuentren en situaciones de insolvencia o con dificultades económicas y no logren viabilidad a juicio del Poder Ejecutivo quedarán sometidas a las disposiciones de la ley concursal.

La nueva redacción pretendida establececría que “las instituciones que no logren viabilidad a juicio del Poder Ejecutivo quedarán sometidas a las disposiciones sobre liquidación administrativa previstas por la legislación vigente”.

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Alta y miembro informante del proyecto, expresó en su exposición que si bien “se dice que el proyecto se presentó para salvar al Casmu”, lo que resulta es que “da tiempo y herramientas necesarias para que se restructure de forma saludable una institución emblemática e importante para el SNIS”.

Se pretende evitar que el fin sea el mismo que afrentó Casa de Galicia, buscando proteger el derecho a la salud de los usuarios, así como el de los trabajadores, y no tratar las mutualistas como una simple empresa más, sino como la complejidad que aparejan y los servicios que brinan, siendo de suma importancia para la población y su salud.